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Editorial publicado en EL MUNDO, 13 marzo 2016

http://www.elmundo.es/opinion/2016/03/13/56e47a3fe2704e98468b45b5.html

 

Víctima de un prejuicio cultural arteramente utilizado por algunos políticos, la fiesta de los toros se ha visto inmersa en un debate público que ha alcanzado niveles de intolerancia inauditos. Hay quienes olvidan que la práctica de la tauromaquia está amparada y protegida por la Constitución y tanto los que la practican o toman parte en ella de alguna forma, como los espectadores que asisten a las plazas tienen derecho a ser tratados con respeto. Porque no estamos hablando de una actividad marginal ni en lo social ni en lo económico. Durante 2015 se celebraron 1.145 festejos en toda Españaa los que hay que sumar los 17.000 espectáculos populares, en los que el toro es el protagonista, que pueden ser considerados como parte de nuestro patrimonio cultural.

Por eso sorprende que la de hoy en Valencia, que coincide con el arranque de la Fiesta de Fallas, sea una manifestación organizada para explicitar lo obvio. Que en una sociedad abierta y democrática caben todas las expresiones artísticas y culturales con la única restricción del respeto a la ley. Y que no se comprende que haya políticos que, atendiendo a intereses meramente partidistas, quieran menospreciar una práctica de arraigada tradición en nuestro país, donde hay más de 2.200 municipios en los que se celebran corridas y un número de aficionados cercano a los 6 millones, a los que se quiere privar de la libertad de poder asistir a ellas. La tauromaquia, por otra parte, está protegida en todo el territorio español desde que en 2013 fuera declarada Patrimonio Histórico Cultural, máximo rango que otorga el ordenamiento jurídico nacional para un bien inmaterial. Desde entonces, ha habido un clamor unánime de toreros, ganaderos, apoderados, empresarios y miembros de las numerosas peñas taurinas repartidas por todo el país reclamando una mayor implicación del Estado en la protección y la defensa de los espectáculos taurinos.

Pero es que, además, no se explica que haya quienes pretendan eliminar un sector que cada año tiene un impacto económico de 3.500 millones de euros y un volumen de empleo cercano a los 200.000 puestos de trabajo. Se trata, también, de la actividad cultural que más dinero aporta al conjunto de las Administraciones Públicas, con un total de 56 millones de euros en conceptos de cotizaciones a la seguridad social e IVA. Es por tanto mayor la riqueza que genera el sector taurino que las ayudas o subvenciones que recibe.

Una sociedad madura y democrática como es la española ha de comprender que la tolerancia y el respeto son fundamentales para el entendimiento y la convivencia. Nadie está legitimado para criminalizar el espectáculo taurino utilizando como arma arrojadiza argumentos ideológicos guerracivilistas. Más allá de los discursos que califican de salvaje un espectáculo que se ha mantenido durante siglos con una amplia aceptación popular, o que pretenden identificar las corridas con el franquismo, hay que entender que la tauromaquia es una manifestación artística. Guste o no, forma parte de nuestro patrimonio y como tal debe ser asumida. Ni las corridas de toros representan la quintaesencia de la identidad española, tan sólo son una parte de la misma, ni son una práctica bárbara que habría que desterrar de nuestras sociedades. Es necesario poner fin a un enconado debate en el que nadie sale ganando.